20 febrero 2014
El recurso de la víctima fue estimado por la Sección Cuarta de lo Penal, que corrigió a Bermúdez al estimar que, si la investigación tiene algún recorrido, debe ser la Audiencia la que lo examine. El motivo es que se trata del único tribunal competente para investigar los actos de terrorismo a los que iría asociado el genocidio que se denuncia.
La decisión de la Sala se limitaba a decir a Bermúdez que él era el competente para admitir o no la querella, sin pronunciarse sobre si debía hacerlo. Eso quedaba al albur del instructor, a quien dejaba “libertad de criterio” para hacer lo que creyera “conveniente”.
Y lo que Bermúdez resolvió ayer mismo no fue archivar la querella, sino reclamar a la Policía , la Guardia Civil y la Ertzaintza sendos informes “de análisis de información sobre los fines perseguidos por la banda terrorista ETA desde su constitución hasta hoy y sobre los integrantes de sus sucesivas cúpulas”. Los delitos de genocidio y lesa humanidad requieren que las actividades denunciadas se cometieran con determinados objetivos: con el “propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso [...]”, en el caso del genocidio; o como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella [...] por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales [...]”, en el caso de lesa humanidad.
La querella presentada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias va dirigida contra los dirigentes etarras Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi; Eugenio Etxebeste, Antxon; José Luis Ansola, Peio el Viejo; Francisco Múgica Garmendia, Pakito, y José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, por su actividad al frente de la banda entre 1977 y 1983.
La asociación Dignidad y Justicia consideró ayer que esta nueva causa «salva» de la prescripción el asesinato denunciado, si bien fuentes de la Audiencia insisten en que esa y otras prescripciones son ya inamovibles.
Los etarras Juan Jesús Narváez, alias ‘Pajas’, e Itziar Alberdi, alias ‘María’, serán juzgados por una decena de asesinatos pendientes cometidos en España entre abril de 1991 y marzo de 1992. El juez Ismael Moreno dictó ayer prisión para ambos.
12-06-1991. Un paquete y tres muertos
El juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional , Javier Gómez Bermúdez, investiga la implicación de ambos en el envío de un paquete bomba desde Toledo a Madrid a la empresa Construcciones Atocha, concesionaria de la autovía de Leizarán y en suspensión de pagos. Tres artificieros murieron al intentar desactivarlo.
01-07-1991. El mismo ‘modus operandi’
Alberdi tiene en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional , de Pablo Ruz, una causa pendiente por un paquete bomba enviado al Ministerio de Justicia en junio de 1991, que fue devuelto a la empresa de paquetería y estalló el 1 de julio, provocando la muerte a tres agentes de policía.
13-12-1991. Tiroteo en el taller
José Antonio Garrido y Francisco Javier Delgado, policías de 28 años, murieron en Barcelona tras ser tiroteados en una tienda de piezas de recambio de vehículos. Al principio se atribuyó a los Grapo, pero luego se responsabilizó a Narváez.
15-01-1992. Manuel Broseta
Supuestamente están implicados en el asesinato, con un tiro en la nuca, del ex senador Manuel Broseta, secretario de Estado para las Comunidades en la última etapa de la UCD.
10-02-1992. Coche bomba en Murcia
El policía nacional Ángel García Rabadán, que tenía tres hijos, falleció alcanzado por la explosión de un coche bomba situado en las inmediaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia. El agente se encontraba patrullando la zona y, según un compañero, se aproximó al vehículo «por celo profesional» antes de que llegaran los especialistas en desactivación de explosivos.
04-03-1992. Subdelegado de Ferrovial
Dos encapuchados mataron a tiros al subdelegado de Ferrovial en Valencia, José Edmundo Casañ. Los testigos vieron a dos jóvenes de entre 20 y 25 años que llevaban la cabeza tapada con un gorro o algo similar a una bufanda.
15-04-1991. Heridos en Torremolinos
Narváez está implicado en una causa del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional , pero que se encuentra prescrita: un coche bomba que estalló en el cuartel de la Guardia Civil de Torremolinos y dejó varios heridos.
Opinión:
Es un tema muy delicado y que, de nuevo, algunos aprovecharán para utilizar más los sentimientos que la razón... Si bien sería una importante noticia que ETA fuera juzgada por “genocidio”, las declaraciones de algunos “especialistas” están creando mucha confusión. Solo un breve repaso a cierta prensa demuestra que hay mucho ignorante que habla sin consultar pero que consigue su único propósito en la vida: enmarañar y confundir aún más a mucha gente, si eso es posible.
Es un tema muy delicado y que, de nuevo, algunos aprovecharán para utilizar más los sentimientos que la razón... Si bien sería una importante noticia que ETA fuera juzgada por “genocidio”, las declaraciones de algunos “especialistas” están creando mucha confusión. Solo un breve repaso a cierta prensa demuestra que hay mucho ignorante que habla sin consultar pero que consigue su único propósito en la vida: enmarañar y confundir aún más a mucha gente, si eso es posible.
Desde el lunes por la tarde he hablado con casi treinta víctimas y a todas les he dicho lo mismo: aunque el planteamiento pueda ser correcto no deben levantarse falsas esperanzas en nadie. Ya pasó algo muy parecido cuando se empezó a hablar de la llamada Doctrina Parot y las expectativas que a muchos les generaron se convirtieron en aire. ¿Dónde están ahora los que tantas ansias generaron?
Es lo que pasa cuando se da voz a ciertos impresentables que en lugar de consultar con expertos juristas se dedican a soltar la primera burrada que se les ocurre. Y ello por no hablar de los que aprovechan a lanzar mensajes a la clase política... como si esta pudiera influir en la judicatura EUROPEA. En la europea, que nadie se olvide de ese detalle. En la española ya es otro cantar...
Ah, y supongo que ahora la Plataforma de Apoyo a Víctimas del Terrorismo y sus asociaciones “coleguitas” empezarán a contactar con los asociados que tienen para ofrecerles asesoramiento jurídico… vamos, digo yo, que eso es lo que se espera de su trabajo y sus subvenciones.
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