25 febrero 2014 (2) (23.02.14) Deia (opinion)

25 febrero 2014 (23.02.14)

trece años después

Hablan por primera vez, las viudas de dos trabajadores asesinados por ETA: "Somos víctimas de cuarta"

Trece años después de que ETA asesinara a dos simples trabajadores e hiriera gravemente a otros dos con un coche bomba en Donostia, sus viudas y la esposa de un lesionado hablan por primera vez para relatar su soledad y abandono

COMO cada 22 de febrero, las instituciones y los partidos rindieron un merecido homenaje de carácter oficial -lo hicieron ayer y el viernes- a Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez, asesinados por ETA hace catorce años. También ayer, como cada 22 de febrero, familiares, compañeros y amigos de Josu Leonet Azkune y José Ángel Santos Laranga, asesinados también por ETA, así como los heridos graves en aquel brutal atentado hace trece años, recordaron a sus allegados en la intimidad. Sin cámaras, sin micrófonos, sin políticos. En soledad.

Fue justo un año después del asesinato de Buesa, el mismo día de febrero. Josu Leonet y José Ángel Santos, que fallecieron en el acto, así como José Ignacio Urrestarazu e Igor Larrea, que sufrieron gravísimas lesiones, y el resto de heridos eran simples trabajadores. Obreros. Currelas que ese fatídico 22 de febrero de 2001 iban al tajo, la empresa Elektra. En tren, como todos los días. Un coche bomba accionado con un mando a distancia -es decir, que quien lo accionó pudo ver quiénes pasaban por allí- cerca de la estación donostiarra de Martutene y cuyo objetivo era el concejal socialista de Ordizia Iñaki Dubrueil -que resultó herido por quemaduras- les arrebató la vida o se la arruinó para siempre. También a sus familias.

Pili J. era la esposa de José Angel, con quien llevaba casada 16 años. Serena y de apariencia reservada, habla sin estridencias pero con convencimiento. "Hacía solo dos años que le habían operado del corazón", recuerda. ETA se lo arrancó de cuajo. A su lado está Ana T. Es la viuda de Josu. De carácter decidido y voz firme, ha tenido que apañárselas para sacar adelante a una hija que cuando asesinaron a su marido tenía solo diez meses. A punto de cumplir los catorce, la joven no tiene recuerdo de su aita. Pili I. -otra Pili, la coincidencia llega hasta en los nombres- es ahora la mujer de uno de los heridos graves. Cuando ocurrió el atentado llevaba solo dos meses saliendo con él. "Nos íbamos de viaje con la cuadrilla. El día anterior había estado cenando en mi casa y me enseñó las zapatillas que se había comprado, que todavía están ahí", recuerda. Las tres acceden, por primera vez en trece años, a hablar de su caso como víctimas. No sin muchas reticencias y recelos. Lo hacen solo tras garantizarles que no se publicarán ni sus nombres completos ni fotografías que las identifiquen. No se fían, y menos de la prensa. Y no es para menos. Pero finalmente se abren y la conversación fluye. Lo hacen por ellos. Lo que cuentan parece una historia de terror dentro de otra. De principio a fin. Ni rastro de memoria, de verdad, de justicia.

Un calvario

Desde el mismo día del atentado se han sentido ignoradas. Olvidadas. "El otro día me vi identificada con una viuda que hablaba en la televisión. Decía que hay víctimas de primera, segunda, tercera y cuarta. Nosotras somos de las últimas". Lo dice Pili J., pero asienten todas.

Llevan trece años "luchando" contra un calvario inexplicable cuyo primer capítulo se inició aquel fatídico día en el que nadie las avisó siquiera para comunicarles la tragedia. El último capítulo, de momento, lo vivieron hace apenas unos días cuando alguien del Ministerio del Interior llamó a la viuda de Santos -primera vez que se ponen en contacto con ella- para comunicarle que uno de los posibles autores del atentado -ha habido tres juicios y una sola condena pero solo por "colaboración necesaria" y el resto de acusados han sido absueltos por falta de pruebas- ha empezado a salir de la cárcel con permisos de fin de semana. "No sabemos siquiera si es nuestro vecino. No nos dicen ni quién es, ni cuándo sale, ni dónde está. Solo que ha empezado a salir a la calle", cuentan.

El día del atentado lo tienen grabado a fuego. "Salió un día muy bonito. Era Jueves Gordo y había planes de pasarlo bien", arranca Pili J. Pero todo se torció a primera hora de la mañana.

Las tres coinciden: nadie las informó de lo que había pasado. "Nos enteramos por la radio, cuando dijeron los nombres", relata Ana. A partir de ahí, se desencadena el drama. Llamadas a compañeros, a familiares. Nadie sabe nada, o no lo dice. "Hasta que llegué a la Resi -el Hospital Arantzazu de Donostia- no supe si el que hoy es mi marido estaba vivo o muerto. Allí me encontré con Ana, que me dijo: El mío ha muerto, el tuyo no", explica Pili I. Uno y otro eran, además de compañeros de trabajo, amigos de la cuadrilla. Siempre juntos. Ahora, ellas son también inseparables.

La viuda de Santos recuerda también que en el hospital "el único protocolo que tenían era meterme en una habitación y darme pastillas. Como no sabían qué hacer, me mandaron para casa. Nos fuimos mi madre y yo a casa. Solas".

Fue el inicio del infierno. Los rumores empezaron a aflorar y se plasmaron al día siguiente como otro bombazo para las víctimas. La infamia de que los trabajadores muertos eran simpatizantes de la izquierda abertzale cobró cuerpo en la portada de un diario madrileño, que no resistió la tentación de que la realidad le estropease un buen titular. Desde entonces, y pese a todos los desmentidos, el infundio ha seguido vivo. Hasta el punto de que el recientemente creado Mapa del terror de Covite remite aún a esa maldita portada.

La infamia

El daño ha sido tal que la mentira ha calado incluso en instancias judiciales, de tal suerte que han tenido que llamar ellas mismas a las puertas del sindicato LAB a pedir un certificado que demostrase que sus maridos -las víctimas- nunca estuvieron afiliados a esa central aber-tzale. "Un fiscal de Madrid nos llegó a insinuar que no conocíamos a nuestros maridos, que no teníamos por qué saber la ideología que tenían", asegura Pili.

Los funerales fueron otro drama. "A mi casa llamaron del Gobierno vasco para ver qué sitio iban a tener los políticos en el funeral", recuerda la viuda de José Ángel Santos. "Fueron cuatro políticos y algunos solo para hacerse la foto porque no tuvieron ni el detalle de venir a darnos el pésame. Yo me enteré por el periódico de que algunos habían estado en el funeral", abunda Ana.

Desde entonces, el olvido y la soledad han sido la tónica general. "No hemos tenido ningún tipo de ayuda, en ningún sentido", dicen las tres. Las víctimas eran simples trabajadores, sin ningún partido, organización o institución que las respaldara, orientara o ayudara. "Mi marido volvió a trabajar. Necesitábamos ayuda psicológica -aún hoy precisa medicación- y cuando se acabó el dinero del Gobierno vasco, nos quitaron la psicóloga. La tenemos que pagar nosotros. He andado meses y meses en Hacienda y en la Seguridad Social para que mi marido pudiera volver a trabajar cuatro horas. Nos hemos movido nosotras. Nadie nos ha ayudado, nadie nos ha apoyado. Se oye que otros reciben ayudas, becas... y se nos queda cara de tontas", insiste Pili I.

Ana y Pili J. corroboran sus palabras, una por una. "Nos hemos sentido muy solas. Ahora, trece años después, es cuando empezamos a sentirnos un poco arropadas, nos están ayudando, pero es a título personal". Se refieren a dos tolosarras con alguna responsabilidad institucional y con relación personal con ellas y que tratan de ayudarlas en el galimatías legal. Por fin ven una luz.

Porque ese es, de momento, el remate de una historia kafkiana. Se han celebrado tres juicios por el caso y en ninguno de ellos las han avisado siquiera de que iban a celebrarse esas vistas. Se han enterado, de nuevo, por la prensa, a posteriori. Es más, aún están esperando, casi tres años después, a algo tan elemental como que les notifiquen la última sentencia. En ella, la Audiencia Nacional condenó a Ainhoa García Montero Laia a un total de 140 años de cárcel por "cooperación necesaria" en el atentado. Actualmente, cumple condena en la prisión francesa de Reau Sud Francilien, la misma en la que están recluidos los exdirigentes de ETA Marixol Iparragirre -portavoz del Colectivo de Presos EPPK- y Mikel Antza, entre otros.

Pero ese fallo contiene también munición que ha hecho mucho daño a estas víctimas. Así, establece que se indemnice expresamente a Iñaki Dubreuil -el concejal socialista contra el que iba dirigido el atentado- "por las lesiones y secuelas padecidas como consecuencia del atentado". ¿Y al resto de víctimas? ¿Por qué no se las indemniza? Según la propia sentencia, porque han "renunciado a cuantas acciones civiles pudieran ostentar la totalidad de los perjudicados, excepción hecha de Iñaki Dubreuil Churruca", para quien el Ministerio Fiscal, curiosamente, reclamaba en exclusiva la indemnización. "¿Cómo que hemos renunciado? ¿A qué, si no sabíamos nada? ¿Cuándo, si ni nos avisaron que había juicio? ¿Dónde está ese papel con nuestra renuncia? Nadie lo encuentra", afirman al unísono Pili J, Ana y Pili I., sin poder contener la indignación.

Hay que reseñar que Dubrueil -que continúa actualmente como concejal- estuvo presente y declaró en el juicio. Le ha sido reconocida la incapacidad total.

Ellas, por su parte, han ido dos veces a la Audiencia Nacional, "pero preferimos no comentar el trato", dicen. "La persona que nos recibió no era la esperada y no estaba ni informada de nuestro caso", recuerdan. E insisten: "los fiscales jamás se han puesto en contacto con nosotras. Ninguno. Visto lo visto, hemos tenido que coger un abogado".

Su marginación, cincelada en una sentencia nada menos que de la Audiencia Nacional, ha sido la guinda de un largo y doloroso calvario. Solo se tienen ellas tres, que se apoyan las unas a las otras. Pero su queja, dura, sobresale por encima del dolor. "No todos somos iguales. La justicia no es igual para todos. He dejado de creer en la justicia", resume Pili, pero con una voz a tres.

Aquel maldito 22 de febrero cambió su vida. Aquel "error irreparable" -como cínicamente lo calificó ETA en la reivindicación de ese atentado, entre otros varios- les ha costado 13 años de sufrimiento.

El dolor no ha cambiado, pero sí su determinación. Aún recuerdan cuando, en Madrid, un funcionario le decía al otro, por toda recomendación cuando iban a pedir ayuda: "Deja llorar a la señora". Sin dejar de llorar, han decidido luchar por su memoria, su dignidad y su justicia. Eso sí, siempre tendrán la espina clavada de haberse sentido durante estos años las víctimas olvidadas. "Nadie nos ha querido decir por qué nadie quiere saber nada de nosotras", suspira Ana.

Opinión:

 El reportaje habla por sí solo..... pero llego a la conclusión de que ciertos representantes o, mejor dicho, responsables de colectivos de víctimas del terrorismo están mas interesados en las cuestiones políticas y en las oportunidades personales que las mismas les conceden en lugar de estar preocupados por la localización y atención de víctimas del terrorismo absolutamente anónimas.

Allá cada cual... aunque también habría que plantearse cual es el reconocimiento oficial que como víctimas del terrorismo algunos de estos “responsables” tienen adjudicado por ley.

Por otro lado y como que ahora voy absolutamente por libre, si las señoras entrevistadas en este reportaje quieren contactar conmigo intentaré echarles una mano en lo que pueda. Al fin y al cabo, una de las razones por las que abandoné el mundo asociativo tiene relación con las estúpidas “órdenes” recibidas de no atender a quien no fuera socio de la asociación... con lo que era imposible ofrecer información a quien ANTES no fuera socio pero ¿cómo hacerse socio si ANTES no te atienden?

Con honrosas excepciones, una mas de las incoherencias del mundo asociativo.