martes, 23 de diciembre de 2014

23 diciembre 2014 (2) El Periódico de Catalunya

23 diciembre 2014



Desmantelado un grupo fascista que planeaba una oleada de atentados por toda Italia

Los 40 detenidos querían matar a 12 jueces y hacer estallar 18 sedes de hacienda




Por orden de la fiscalía de L’Aquila, este lunes han sido arrestados 14 neofascistas que habían proyectado el asesinato simultáneo de una docena de magistrados y colocar paquetes explosivos de gran potencia en sedes de hacienda con los funcionarios en su interior. Su intención era, según la Fiscalía, “subvertir del orden democrático del Estado”.

Las acciones terrorístas debían tener lugar en 18 capitales de provincia de Italia, con Roma y Milán a la cabeza.Además de los 14 detenidos, otros 40 están siendo investigados por los mismos supuestos delitos de terrorismo, subversión del orden democrático, asociación a delinquir con el fin de incitar a la violencia por motivos raciales, étnicos, religiosos y también por intento de atracos para financiar su actividad.

La investigación de los servicios de inteligencia de los Carabineros (ROS) se inició el pasado año contra una asociación clandestina llamada Vanguardia Ordinovista, que se inspiraba en las ideas del disuelto movimiento Ordine Nuovo, que constituyó el eje en torno al cual giró la subversión fascista de los años 70.

Varios de los líderes de entonces encontraron refugio en la España franquista, de donde salieron tras la muerte de Franco para refugiarse en Latinoamérica. Según las primeras informaciones, el grupo actual “proyectaba acciones violentas contra objetivos institucionales con la finalidad de subvertir el orden democrático del Estado”.

Propaganda en Facebook

Las mismas fuentes oficiales han explicado que el grupo estaba liderado por Stefano Manni, excarabinero, y que el proyecto apuntaba a “minar la estabilidad social a través de actos violentos contra objetivos institucionales como comisarías, Delegaciones del gobierno y de hacienda, para participar en las próximas elecciones generales con un partido propio”.

Un comunicado del ROS señala que el grupo “utilizaba las redes sociales, particularmente Facebook, como instrumento de propaganda subversiva y proselitismo, con una perfil público propio. Entre los investigados figura también Rutilio Sermonti, exmiembro del disuelto 'Ordine Nuovo', que además de ser un prolífico escritor y artista, en Italia es considerado como uno de los puntos de referencia intelectual de la ultraderecha.


Entre los documentos incautados a Sermonti figura un 'Estatuto de la República de la Italia Unida' que, según los carabineros, constituye una verdadera nueva Constitución de la República, inspirada en la época del fascismo. La primera reacción frente a los arrestos ha sido de Riccardo Pacifici, presidente de la comunidad judía de Roma, que agradeció el “alto nivel” de vigilancia de las instituciones.

23 diciembre 2014 EiTB

23 diciembre 2014



Los verificadores compartirán el plan de desarme del Gobierno con ETA







La Comisión Internacional de Verificación analizará la propuesta realizada por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y la compartirá con “todos los actores”, incluida ETA, según ha podido saber EiTB.


La Comisión Internacional de Verificación (CIV) ha anunciado que compartirán la propuesta realizada por el Gobierno Vasco que aboga por la creación de un ‘Comité para el Desarme’ con “todos los actores” implicados en este proceso, incluida ETA.
Ante las críticas que esta iniciativa ha recibido por parte de todos los partidos de la oposición, fuentes próximas a la Comisión Internacional de Verificación han señalado a EiTB que la CIV mantiene “muy buena relación” con el lehendakari Iñigo Urkullu y con el Gobierno Vasco, y no consideran que el Ejecutivo haya descalificado la labor de los verificadores.
También han señalado que la comisión no ha tenido tiempo para valorar la propuesta del Ejecutivo de Iñigo Urkullu.
Las mismas fuentes han indicado que “mantienen el contacto con ETA” y que su comunicado del pasado domingo responde a su “voluntad de informar” sobre la continuidad del proceso de desarme iniciado.

Por último, indican que hasta que haya alguna cuestión relevante, la CIV “continuará realizando su labor de verificación del proceso de sellado de armas”.

22 diciembre 2014 (3) diariodeleon.es (opinión)

22 diciembre 2014



El Gobierno vasco propone a ETA un desarme rápido con cobertura social
Exige crear un comité al que la banda terrorista entregue la localización de sus armas y explosivos

El Gobierno vasco ha hecho llegar al Comité Internacional de Verificación (CIV) una propuesta de «desarme rápido, viable y efectivo» basado en «un gesto unilateral de ETA ante la sociedad vasca, y con cobertura social, internacional e institucional». Entre los cinco puntos que el Ejecutivo exige a la banda se incluye la creación de un «comité para el desarme» integrado por el Foro social, agentes internacionales representantes Ejecutivo autónomo al que la banda entregará «en un plazo de tiempo comunicado» la localización de sus armas para que el Gabinete Urkullu actúe como «legalmente» proceda. El Gobierno hizo pública esta oferta después de que los verificadores hayan anunciado en un comunicado que han recibido informes de ETA de que continúa el sellado y puesta fuera de uso operativo de sus armas y explosivos.

Tras conocer el mensaje de la CIV, el Ejecutivo vasco manifestado su «respeto y apoyo a los buenos oficios que desarrollan» los verificadores, y ha adelantado que tenía conocimiento «de la situación de estancamiento en el proceso de desarme que refleja el comunicado».

Por ello, transmite a la Comisión Internacional de Verificación que «un proceso de sellado de armas sin verificación efectiva y sin calendario conocido no tiene valor» y ha exigido a ETA un desarme «efectivo». «El costo del no desarme lo paga la sociedad vasca y esto es inadmisible», dijo.

El Gobierno vasco cree que ETA optó por «el desarme mediante sellado no verificado y sin calendario» lo que, «a efectos prácticos y políticos, se trata de una forma de no desarme». Un sellado de armas sin verificación y sin calendario equivale a nada» por lo que cree que «no es un escenario aceptable».

Su propuesta incluye cinco pasos, entre ellos que ETA acepte «materializar el desarme ante la sociedad vasca y canalizarlo mediante los buenos oficios de un comité para el desarme con una composición social, internacional, e institucional». Añade que, «en un plazo de tiempo comunicado», la banda armada deberá estructurar el depósito de todas sus armas y explosivos «en un número determinado de almacenamientos localizables y seguros para la población».
Se constituirá «un Comité para el Desarme compuesto por una representación del Foro social que ha venido reuniéndose con el Comité Internacional».

Opinión:

Valorando que todo lo que sea factible de realizarse para conseguir que nadie mas sufra lo mismo que otros ya hemos sufrido, considero que hay un pequeño detalle que debería mejorarse.
Dado que la banda terrorista ETA nos ha destrozado la vida a muchos ciudadanos, tanto dentro como FUERA de Euskadi ¿qué tal si el “gesto unilateral de ETA ante la sociedad vasca, y con cobertura social, internacional e institucional” se realiza también ante otras sociedades, como por ejemplo la catalana?

Y otras, por supuesto.

22 diciembre 2014 (2) El País

22 diciembre 2014


El PP elude con una reforma penal exprés el consenso antiterrorista

El PSOE acusa al Gobierno de romper el pacto con 90 enmiendas al Código Penal que cambian la regulación sin consulta previa ni informes y con trámite rápido




El Gobierno, a través del PP, cambiará toda la regulación penal de los delitos de terrorismo. Lo hará mediante 90 enmiendas que ha presentado al Código Penal que se estudia en el Congreso, sin consulta previa al PSOE como es habitual en este asunto y para tramitarlas y aprobarlas de forma exprés. Su propuesta unilateral cambia por completo la concepción de la lucha penal contra el terrorismo al penalizar más comportamientos individuales que los de grupo organizado y al tipificar la intención de formar parte más que la comisión de hechos.

 El PSOE considera que el Gobierno del PP ha roto todos los consensos en la lucha contra el terrorismo al haber presentado una propuesta de nueva regulación penal, sin consulta previa, para aprobarla en solitario en las Cortes. El Grupo Popular lo aprobará sin informes técnicos.

“De estas enmiendas no tenía conocimiento alguno ni la dirección del PSOE ni la del Grupo Parlamentario, habiéndose presentado rompiendo lo que ha sido una constante durante los últimos 30 años, y era la consideración del terrorismo como cuestión de Estado, de manera que todo Gobierno antes de presentar reformas en esta materia las hablaba con el partido de la oposición, negociándolas en su caso y pactando el consenso, e incluso los disensos”, asegura el ponente del PSOE en la reforma del Código Penal, Manuel de la Rocha.

“Por primera vez en la democracia, el Gobierno, el del PP, se salta esta regla de oro y actúa unilateralmente, lo que de por sí es grave”, explica el diputado socialista. Estas enmiendas serán tramitadas a toda prisa, de forma que se abordarán en una reunión de la ponencia prevista para el 8 de enero, para que salga del Congreso tras el pleno convocado para el 20 de ese mes. El PP explica que pretende buscar acuerdos en ponencia y Comisión. Pero está dispuesto a ir solo, como con la ley de seguridad ciudadana.

El proyecto de Código Penal ha estado bloqueado en el Congreso durante más de un año y, sin embargo, las enmiendas a este capítulo esencial se presentan ahora. Pese a ser uno de los capítulos que prevé penas más altas y que exige mayor sensibilidad para no afectar a derechos, el Gobierno ha vuelto a legislar al margen de los órganos institucionales que emiten informes preceptivos aunque no vinculantes. El Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal ya emitieron informes en su momento sobre el anteproyecto que hizo el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pero sin tener en cuenta, lógicamente, las 90 enmiendas que presenta ahora el Gobierno a través del PP.

Ese proyecto de ley dio lugar en el Congreso a comparecencias de varias docenas de expertos en derecho penal, pero tampoco pudieron valorar las intenciones del Gobierno para los delitos de terrorismo, más allá de la crítica a la prisión permanente revisable prevista para conductas muy graves. “En cuanto al contenido, el Gobierno da la vuelta al modo como aborda el Código, hasta ahora, esta cuestión, que parte de la consideración de las organizaciones y grupos terroristas, con un artículo casi final referido a los terroristas que actúan sin pertenecer a una de ellas. En las enmiendas presentadas, esto último es el centro de toda la regulación y la pertenencia a una organización una cuestión marginal. Probablemente en razón del fenómeno yihadista. Nosotros estamos estudiándolas para analizarlas y en su caso negociarlas, si el Gobierno se deja”, explica De la Rocha.

Se refiere a que la regulación cambia para eliminar la exigencia de banda armada y dirigirse a nuevos fenómenos terroristas como el del yihadismo en el que la actuación es individual y se va más allá tipificando la intención, el solo hecho de entrar en contacto con esos grupos o estar en disposición de ser captado. La justificación de una de las enmiendas del PP asegura que se dirige a “quien ha mostrado su disposición a cometerlos o colabore con un grupo que conspire para cometerlos o haya iniciado preparativos para ello o bien, colabora. No con un grupo, sino con un individuo que va a cometer el delito terrorista”. Respecto a otro artículo el PP asegura que “se tipifica la recepción de entrenamiento (adiestramiento pasivo). La regulación incluye la recepción de adiestramiento por cualquier vía, incluido Internet, y se desvincula de la intención de cometer un delito posteriormente, para evitar problemas probatorios”. Es decir, la enmienda castiga con entre uno y ocho años a quien consulte páginas en las que se incite a incorporarse a una organización terrorista. El PSOE lamenta que una regulación tan delicada por los medios de prueba y exigencia de voluntariedad no se someta a informes jurídicos previos.

Según el PP, esa regulación se inspira en la legislación de Estados Unidos, concretamente, en el artículo 2339 del Código Penal de ese país y “tiene por finalidad adaptar la regulación en materia de terrorismo a las nuevas formas de terrorismo de tipo yihadista”. En las dos reuniones de la ponencia sobre el Código Penal se ha puesto de manifiesto la dificultad de llegar a un acuerdo con el PP, por el rechazo de todos los grupos al calendario impuesto por el Gobierno y a puntos concretos como el de la prisión permanente revisable o la sustitución de las faltas por delitos menos graves o sanciones administrativas. El Gobierno solo ha renunciado a las medidas de seguridad posteriores a la condena que tenían carácter indefinido y, por tanto, suponían condena a perpetuidad.

La oposición, además, pone en relación estas propuestas para el Código Penal con otras regulaciones del Gobierno como la Ley de Seguridad Ciudadana que absorbe con sanciones administrativas parte de las faltas y el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que se encuentra ya en fase de informes. De este último destacan el artículo que amplía a “circunstancias graves” sin mayor definición la posibilidad de que el ministro del Interior lleve a cabo escuchas e intervenciones telefónicas sin orden judicial previa.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que ese artículo ha sido propuesto a Justicia para hacer frente a delitos cometidos en la Red, especialmente los relacionados con tramas de pedofilia y pornografía infantil en los que los hechos ocurren de forma instantánea, sin tiempo a solicitar orden judicial.

Dos propuestas legales polémicas de Interior

Enmienda al Código Penal. Artículo 573 bis: “Será castigado con una pena de prisión de uno a ocho años quien consulte habitualmente uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a otros o reforzar la decisión adoptada de incorporarse a una organización o grupo terrorista, a un grupo que conspirase para cometer alguno de los delitos del artículo 571 (los de terrorismo) o que hubiera iniciado preparativos para ello, o de colaborar con cualquiera de ellos o con sus fines”.

Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. “En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente y otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso puedan ser considerados de especial gravedad, y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención de comunicaciones, el ministro del Interior podrá acordar la medida de investigación pertinente. En el plazo máximo de 24 horas lo comunicará al juez”.

Legislar sin informes técnicos

El Gobierno de Mariano Rajoy ha utilizado reiteradamente la vía de las enmiendas a proyectos de ley en trámite en el Congreso para legislar sobre asuntos trascendentes, en ocasiones vinculados a derechos fundamentales. Evita de esta forma los informes preceptivos técnicos en los que pueden recibir sugerencias o críticas y elude también la polémica del debate y la controversia.
Así lo hace con el capítulo de terrorismo del Código Penal, con 90 enmiendas tramitadas a toda prisa, y recientemente lo hizo con la legalización en la ley de seguridad ciudadana de las devoluciones en caliente de inmigrantes que saltan la valla de Ceuta o Melilla. En ese caso lo hizo con una enmienda que se incluyó en una disposición final en el último momento.
También se eliminó con esta forma de legislar la Justicia universal con una enmienda a otra ley y, antes del verano, lo repitió con el aforamiento de toda la Familia Real, tras la abdicación del rey Juan Carlos.
Hace un mes lo hizo de nuevo para matizar con una enmienda la entrada en vigor de la ley que traspone la decisión europea que ha supuesto la excarcelación de etarras. Pretendía el Gobierno frenar así las excarcelaciones y está a la espera de la decisión del Tribunal Supremo.
En breve, enviará el Gobierno el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial a las Cortes sin pedir informes técnicos porque ya los pidió hace meses para el anteproyecto de Alberto Ruiz-Gallardón que ha quedado ahora en una reforma muy parcial. Es decir, no tiene nada que ver el proyecto que remita ahora con el texto sometido en su momento a estudio técnico en el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.
Es legal esta forma de legislar, pero la oposición entiende que es un fraude de ley, porque omite esa exposición pública que supone garantías sobre el contenido. En la mayoría de los casos citados es aún más problemático porque se refiere a leyes que afectan a derechos fundamentales y, por tanto, serán sometidas a escrutinio futuro en recursos ante el Tribunal Constitucional, pero cuando ya estén sobradamente en vigor














22 diciembre 2014 El Mundo del Siglo XXI

22 diciembre 2014



Urkullu idea un comité vasco para el desarme

El Gobierno del PNV excluye expresamente del proceso a las Fuerzas de Seguridad del Estado





El lehendakari, Iñigo Urkullu, reaccionó con desacostumbrada celeridad a un despacho del denominado Comité Internacional de Verificación (CIV), el grupo de expertos capitaneados por el ceilandés Ram Manikkalingam que dio cobertura al exiguo «gesto de desarme» que ETA escenificó en febrero de 2014, quienes manifestaron ayer sin más concreciones que los terroristas caminan hacia un desarme «completo». El presidente vasco, en plena tarde de domingo, envió un comunicado urgente en el que hace constar que «un sellado de armas sin verificación y sin calendario equivale a nada y no es un escenario aceptable». En este contexto, el Gobierno vasco del PNV tienta a ETA, a la que advierte de que la puerta de la negociación con el Estado está cerrada a cal y canto y de que «el desarme por incautación policial» es un «riesgo» para la organización terrorista, y le ofrece una vía vasca para la entrega de las armas, que se sustanciaría ante un «comité» que ejerza de «representación de la sociedad vasca».

En un detallado documento llamado Propuesta de procedimiento para un desarme rápido, viable efectivo, basado en un gesto unilateral de ETA ante la sociedad vasca y con cobertura social, internacional e institucional y en el que queda perfectamente plasmada la huella del secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, Urkullu detalla que ese «comité» estaría compuesto por una representación del Foro Social para el impulso del «proceso de paz», órgano alentado por Lokarri (la plataforma que organizó la Conferencia de Paz de Aiete y que fundó Fernández con el nombre de Elkarri), por «agentes internacionales» que no se especifican y, finalmente, por «representantes del Gobierno vasco». «Se solicitará el apoyo del Parlamento Vasco para este comité», agrega el lehendakari, aunque no fija como vinculante la opinión de la Cámara vasca, en la que el PNV está en minoría (27 escaños), por 21 de la izquierda abertzale y 27 de las fuerzas no nacionalistas (PSE-EE, PP y UPyD).

Queda excluida, por lo tanto, cualquier participación del Estado y, por ende, de Guardia Civil y Policía Nacional. Tanto el PP como los socialistas siempre han defendido que una hipotética entrega de armas debería efectuarse en todo caso ante las Fuerzas de Seguridad del Estado.

ETA, según esta propuesta, debería «aceptar» materializar el desarme ante los «buenos oficios» de ese comité vasco y concretar «un plazo» en el que llevarlo a término. Los terroristas deberían «estructurar el depósito de todas sus armas y explosivos en un número determinado de almacenamientos localizables y seguros para la población» y entregar las coordenadas de esos lugares a todos los miembros del comité excepto a los del Gobierno vasco –se entiende que es un guiño para que los terroristas no tengan miedo de ser detenidos–.

Sólo en segunda instancia el Ejecutivo vasco tendría información de la localización de las armas. ¿Qué haría? «Actuará como legalmente proceda», indica el documento del lehendakari, sin más especificaciones sobre las decisiones que pudiera adoptar la Ertzaintza.

El responsable de Paz y Convivencia de Urkullu, Jonan Fernández, declaró ayer por la noche a la radiotelevisión pública vasca que «ETA no debe desarmarse ante los Estados, sino ante la sociedad vasca». «El no-desarme es una hipoteca que ETA obliga a pagar a la sociedad vasca. Es una deuda que tiene contraída con la sociedad vasca», abunda el documento publicado ayer.

Costes y beneficios

El Gobierno del PNV trata de convencer a ETA de la necesidad del desarme ante un comité vasco con un análisis de costes y beneficios. El Ejecutivo de Urkullu interpreta que prorrogar la situación actual de una organización terrorista silente pero con todo su arsenal en su poder no sólo es negativo porque hace que «la amenaza de violencia» no haya desaparecido del todo sino porque «favorece el inmovilismo en materia de política penitenciaria y perjudica a los presos [de ETA] y a sus familias». Además, «bloquea la normalización de la izquierda abertzale en el juego político».
«El desarme –continúa el Gobierno– crearía condiciones favorables para un cambio en la política penitenciaria y en la situación de los presos y sus familias [y] liberaría al sector socio-político de la izquierda abertzale de una buena parte del lastre de su pasado».

Urkullu, que no ha ocultado su desazón con lo que interpreta como un «inmovilismo» del Gobierno de Mariano Rajoy en el «proceso de paz», se queja de que «en las condiciones actuales» de bloqueo por parte de Madrid existen «dificultades operativas» para que ETA complete el desarme. Es más, establece una relación de tres factores por los que han pasado 38 meses desde el «cese definitivo» de la actividad terrorista sin este paso y sitúa como el primero «la no colaboración del Gobierno español». El segundo sería «la complejidad operativa de un desarme sin colaboración del Estado» y sólo al final se alude al «interés táctico de ETA» por «posponer» su capitulación.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, declaran que la Ertzaintza estaría «preparada» para una vía vasca de desarme.


NOVIEMBRE DE 2013
ETA escenifica en un vídeo en el que aparece el comité de verificación de Ram Manikkalingam un «gesto de desarme» exiguo y que no ha tenido continuidad.

21 DE FEBRERO DE 2014
Iñigo Urkullu y Jonan Fernández apoyan con un viaje relámpago a Madrid a Ram Manikkalingam y a todo su equipo tras ser citados por la Audiencia Nacional.

23 DE FEBRERO DE 2014
El ‘lehendakari’ asume por vez primera en público que el «gesto de desarme de ETA» es «insuficiente» y emplaza a los terroristas a que den más pasos en esa dirección.

28 DE FEBRERO DE 2014
Covite denunció ayer que la placa que este colectivo de víctimas del terrorismo colocó el pasado domingo en San Sebastián, gobernado por la izquierda ‘abertzale’, en memoria de Miguel Paredes y Elena Moreno, asesinados por ETA en esta ciudad en 1990, ha sido «arrancada» y advirtió de que volverá «a colocarla cuantas veces sea necesario». Esta placa fue instalada por primera vez en la calle de San Lorenzo, en la Parte Vieja donostiarra, el 19 de octubre, pero dos días después fue retirada por el Ayuntamiento de EH Bildu porque no contaba con la autorización municipal. El alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, dijo entonces que Covite sabía que la colocación de una placa «requiere una solicitud y un procedimiento burocrático» y apeló a que se consensuaran «qué tipo de homenajes hay que hacer a todas las víctimas», en un foro además «no excluyente», en alusión a las «víctimas del Estado». Covite volvió a instalar la inscripción y de nuevo ha sido retirada.
El ‘lehendakari’ ofrece a ETA completar su desarme ante un «comité vasco». «No debe desarmarse ante los Estados, sino ante la sociedad vasca», opina el Gobierno del PNV.



20 diciembre 2014 Presentación documental Monzón (Huesca)


20 diciembre 2014

Presentación en Monzón de “Aulki Hutsak” (Sillas vacías)

El sábado 20 de dieicmbre ha sido un día pleno de trabajo, especialmente tras el desplazamiento hasta Monzón (Huesca) para participar en la presentación del libro “Aulki Hutsak” (Sillas vacías) del Doctor especialista en Cuidados Paliativos, Iñaki Peña.
En la Sala de Actos “Mamalú” y con un lleno absoluto, el Doctor Peña y la psicóloga Marta Sariñena han presentado el acto, dstinado en especial a aquellos ciudadanos que deben superar el duelo por la pérdida de un ser querido.

Son dignos de destacar la exposición del proyecto y la excelente producción del documental presentado además de la predisposición de las responsables del Grupo de Duelo de Monzón para que el evento haya sido un éxito total.


Como “Padrino de Honor” de la mencionada entidad, es un honor presentar todos los actos que “mi gente” llevan a cabo desde Monzón. Parece mentira la cantidad de trabajo que puede realizarse en menos de seis años de existencia como asociación.


19 diciembre 2014 (3) Agencia Europa Press (opinión)

19 diciembre 2014



Tres detenidos en Bulgaria procedentes de Barcelona para unirse al Estado Islámico






Tres vecinos de Terrassa, Sabadell y Monistrol de Montserrat (Barcelona) con permiso de residencia en España fueron detenidos el lunes en Bulgaria cuando se iban a incorporar al Estado Islámico (ISIS).

En rueda de prensa este viernes, el conseller de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha dicho que los Mossos d'Esquadra les investigaban y en junio detectaron su radicalización, sobre la que hacían "apología" en las redes sociales.

Se supo que querían cruzar la frontera entre Turquía y Siria para alistarse al ISIS --con facciones entre las diversos grupos yihadistas sirios--, por lo que la policía catalana advirtió a la Interpol cuando se pusieron en marcha, cursando una orden de detención para evitar su propósito.

El conseller ha aclarado que no se les detuvo antes de salir de España porque los investigadores "no tenían la certeza de que querían integrarse al ejército del ISIS" pero que en cuanto la tuvieron cursaron la orden de detención.

Son dos marroquíes --un estudiante de carpintería y otro en paro-- de 24 y 27 años, y un brasileño de 18, detenidos el lunes gracias a la orden de búsqueda internacional cursada por los Mossos en colaboración con la Interpol y la policía búlgara, que les arrestó y les mantiene encarcelados pendientes de extradición a España --extradición solicitada por la Audiencia Nacional--.

Les detuvieron en Bulgaria a las 14.00 horas del lunes en la frontera con Turquía --en el límite de la UE-- después de pasar por Francia, Italia, Eslovenia, Rumanía, Hungría y Bulgaria, periplo que hicieron en coche con el objetivo de llegar a Siria.

Los tres detenidos están en una prisión búlgara a la espera de que cumpla la orden de extradición, y para cuando lleguen a España, el juez ya ha ordenado su ingreso en prisión por pertenencia a banda terrorista.

No es un caso aislado

El conseller ha confirmado que en toda Catalunya han detectado en el último año, una veintena de personas que han hecho el mismo viaje para unirse al Estado Islámico: "Algunos han llegado a alistarse y no nos consta que ninguno haya regresado".

El más joven de los tres detenidos, el brasileño, es el que más tiempo llevaba en España, había tenido trabajo en hostelería (aunque ahora estaba en paro) y se había convertido al Islam.

Uno de los dos marroquíes tenía antecedentes penales por hurto y contra el patrimonio, y el otro estaba cursando un módulo de carpintería.

No consta que familiares ni amigos formen parte de ningún grupo yihadista, y la policía no ha dado más datos sobre si investiga si alguien de su entorno podría seguir su mismo camino.

Los Mossos han realizado este mismo viernes cuatro registros domiciliarios --dos en Terrassa, uno en Sabadell y otro en Monistrol (Barcelona)-- pero Espadaler no ha revelado lo que han encontrado porque el caso está todavía abierto.

Opinión:

Qué lástima que los mismos que ahora se preocupan por esta situación no mostraron interés alguno en mantener el SIOVT (Servei de Informació i Orientació a Víctimes del Terrorisme). La de trabajo de información que se habrían podido ahorrar por cuatro duros, menos de los que se ha  gastado después en preparar a gente que no recibe una sola llamada de ninguna víctima.

Y eso por no hablar de los 25.000 euros (aprox) de los cuales se desconoce el destino final…

19 diciembre 2014 (2) elplural.com (entrevista) (opinión)

19 diciembre 2014

“Se les debería caer la cara de vergüenza, nadie ha llamado a las víctimas, ni el Gobierno ni las asociaciones que se reparten subvenciones”

Roberto Manrique critica la hipocresía del PP en sus “ataques a los jueces” por las excarcelaciones de terroristas, como Santi Potros, ‘cerebro’ del atentado del Hipercor






El pasado 3 de diciembre salió de prisión Santi Potros, después de 27 años y tres meses, fue uno de los terroristas de ETA condenados por el coche bomba en el Hipercor en junio de 1987. Murieron 21 personas y 45 resultaron heridas. Entre estas últimas tuvo la suerte de estar Roberto Manrique. Lleva desde entonces trabajando por las víctimas del terrorismo. “Si me preguntas si es legal que estos asesinos salgan, te responderé que sí; si es justo, no. Pero ya contábamos con ello. Lo que me duele es que se manipule el dolor de las víctimas con titulares en ciertos medios y que el Gobierno y las asociaciones se olviden de ellas y no les envíen ni una sola carta para explicarles lo que está pasando”.

Nadie ha llamado a las víctimas

“Nadie ha contacto con las víctimas, he hablado con muchas; ni desde ningún ministerio ni desde asociaciones ni fundaciones les han llamado o escrito para anunciarles y explicarle lo que iba a pasar”, explica Manrique.
Cree que debería “caérseles la cara de vergüenza a muchos que dicen trabajar para las víctimas y recibir subvenciones públicas para atender a las víctimas y no hacen nada en un momento como éste, cuando hay que explicarles lo que establece la ley”. Manrique critica que una organización como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) “esté planteándose una manifestación contra los jueces y no informa a las víctimas”.

La hipocresía del PP

“Atacan a los jueces sin consultar a las víctimas, sin preguntar lo que piensan y muchas pensamos que la responsabilidad no es de los jueces, sino de los políticos, que no han hecho su trabajo para cambiar las leyes que afectan a los terroristas”, explica Manrique.
A Roberto Manrique le molesta y mucho que los cargos del Partido Popular “salgan criticando a los jueces por las excarcelaciones” cuando ellos “no han hecho nada para cambiar las leyes. Rajoy ha sido ministro de Interior, ¿Qué hizo?”.
Manrique ha dado muestras durante años de su trabajo por las víctimas y por su moderación. Siempre ha defendido ante todo el respeto a la ley, aunque “a veces no me gusta, pero tengo que acatarla”.

Su encuentro con quien puso la bomba

En mayo de 2012, Roberto Manrique aceptó sentarse frente a frente con Rafael Caride, uno de los que activó la bomba en el Hipercor. Habían pasado catorce meses desde que le contactaron desde el País Vasco para notificarle que el terrorista quería enviarle una carta desde la cárcel.
“Dije que sí, por coherencia, porque si llevamos años exigiéndole a ETA que dejara de matar, que se arrepintiera y pidiera perdón…si el terrorista que me quiso matar estaba haciendo lo que yo le exigía, tenía que darle la oportunidad de que lo hiciera”, explica Manrique, que se negó a darle la mano a Rafael Caride: “No podía darle la mano a quien ha matado a tantas personas, a los familiares de tantas personas que conozco. No quería estar cerca de él. Me senté a unos cinco metros y lo escuché. “Me dijo que se arrepentía del dolor que había hecho y que no había marcha atrás en el fin de la violencia”.

Opinión:

Por si acaso (modo ironía ON) aun no se conociera mi postura, los amigos deelplural.com publican otra entrevista en la que reitero mi apoyo a los jueces y denuncio que ciertos políticos, mientras fueron responsables del ministerio de Interior desde 1987, no se preocuparon del tema que ahora nos ocupa: el computo de las condenas cumplidas por miembros de la banda terrorista ETA en Francia.


Mientras recibo llamadas de felicitación por parte de victimas y de agradecimiento de jueces y abogados e incluso hay víctimas que colaboran en encuentros como el proyecto Glencree, otras se dedican (NO en mi nombre) a preparar manifestaciones contra los jueces o a montar espectáculos grotescos en ciertos foros. Es lo que diferencia a los que  conocemos del tema y a los ignorantes de turno.

19 diciembre 2014 ABC (opinión)

19 diciembre 2014


Trece magistrados del TS exigen al Gobierno que no opine sobre la libertad de los etarras

Trece de los dieciocho magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo han firmado un escrito en el que critican las supuestas injerencias del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la actuación del Poder Judicial.





En su escrito piden al presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, que solicite al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que «ponga coto» a las declaraciones del ministro. Los cinco magistrados que no han firmado el texto son el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y Julián Sánchez Melgar, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta y Carlos Granados.

Los magistrados se refieren a unas declaraciones del ministro de Interior en las que se manifestaba en contra de las recientes excarcelaciones de etarras. Jorge Fernández Díaz consideró «lamentables» y constitutivas de un «posible delito de prevaricación» las excarcelaciones de presos de ETA por la Sección Primera de la Audiencia Nacional en aplicación de la normativa europea de acumulación de penas. Los tres jueces tomaron la decisión de excarcelar a históricos terroristas como «Santi Potros» y Alberto Plazaola apenas 24 horas antes de la entrada en vigor de una ley que limitaba la aplicación de esa acumulación de condenas, una decisión recurrida por la Fiscalía.

Los trece magistrados consideran que este tipo de afirmaciones «provocan falta de confianza en las instituciones» y creen que Rajoy debe «poner coto a manifestaciones como las que denunciamos».

En una decisión sin precedentes, los magistrados, «sin añadir calificación alguna respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno», transmiten su «desazón» a Lesmes por unas palabras que «no son adecuadas ni guardan el debido respeto a este tribunal». Le piden, además, que transmita al Gobierno su malestar y recabe del presidente Rajoy «una reacción institucional que ponga coto a manifestaciones como las denunciadas».

Se da la circunstancia de que estos magistrados, junto con los que no firmaron el escrito participaron el martes en un Pleno en el que iban a unificar criterios ante la disparidad de criterios de las distintas secciones de la Audiencia Nacional. La profunda división en la Sala obligó a aplazar esta reunión hasta el próximo 13 de enero.

Nada más conocer el escrito de los magistrados, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, negó que desde su departamento o desde el Gobierno se haya presionado a jueces del Tribunal Supremo sobre cómo se han de computar las penas de los terroristas y ha subrayado que «respeta y respetará siempre» la separación de poderes como pilar fundamental de un Estado democrático como es España. Eso sí, el ministro recordó que el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 13 de noviembre una ley orgánica que incorpora la norma comunitaria al derecho español, según la cual se impide en España la acumulación del tiempo de prisión cumplido por condenas impuestas en otros países de la UE antes del 15 de agosto de 2010



Opinion:

Despues de quince dias reclamando que la responsabilidad de la excarcelacion de Arrospide y Plazaola recaiga en los politicos que durante 27 años no se han preocupado por la cuestion y desmarcándome de los movimientos "sociales" de "las" victimas contra los jueces, 13 de los 18 jueces directamente "afectados" ya han planteado su queja oficialmente ante el Gobierno.


Apoyo su exigencia de respeto al trabajo que desempeñan y, al mismo tiempo, considero que el proceder de algunos politicos es irresponsable.

18 diciembre 2014 (7) La Razón (opinión)

18 diciembre 2014



Un año por cada víctima








Poco más de un año por cada asesinato del crimen más brutal de ETA y ya está en la calle. La etarra Josefa Ernaga fue condenada a penas que suman más de 900 años por varios atentados, entre ellos el del centro comercial Hipercor de Barcelona –cometido el 18 de junio de 1987, en el que murieron 21 personas y 45 resultaron heridas–. Ernaga salió ayer de la prisión de Jaén tras cumplir 27 años y medio de condena –1,3 años por víctima–, según informó la asociación de familiares de presos Etxerat.

Josefa Ernaga fue condenada en 1989, junto a otros miembros del «comando Barcelona» de ETA, a 794 años de cárcel por su participación en el atentado contra el centro comercial de la Ciudad Condal. Además, en 1991 la Audiencia Nacional le impuso otros 142 años de cárcel por un atentado perpetrado en 1987 en el puerto de Barcelona en el que falleció un guardia civil.

Ernaga fue una de las presas de ETA que recurrió contra la llamada «doctrina Parot», cuya aplicación habría retrasado su salida de prisión hasta el 27 de agosto de 2017. Derogada dicha doctrina por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Josefa Ernaga ha salido de prisión con la condena cumplida casi tres años antes.

Desde el año 2008, más de 250 presos de la banda están en la calle. Apenas una decena de los dirigentes históricos de ETA sigue encarcelado en estos momentos.

Josefa Ernaga, nacida en 1951 en la localidad navarra de Merkiritz, se vinculó en 1981 con el «comando Nafarroa» de ETA. En 1982 huyó de su domicilio tras la detención de Mikel Salvador, junto a quien supuestamente había participado en un atentado el 16 de abril.

Ernaga permaneció en Francia hasta diciembre de 1985, cuando la dirección de la banda le encargó preparar la infraestructura del «comando Barcelona». La primera acción que se atribuye a este comando es la explosión de un coche bomba el 13 de septiembre de 1986 al paso de un microbús de la Guardia Civil en el barrio barcelonés de Poble Nou, que causó heridos leves.

La colocación de un vehículo similar frente al cuartel de la Policía Nacional en la plaza de España, en el que murió un policía y hubo doce heridos el 14 de octubre, y de una bomba en un concesionario de Renault, que causó heridos leves el 11 de diciembre, son otros atentados del grupo ese año en Barcelona.

También se le responsabiliza de un coche bomba frente al puesto de la Guardia Civil en el puerto que mató a un policía e hirió a 17 personas el 27 de marzo de 1987, y de otro contra un vehículo de la Guardia Civil que el 2 de abril causó la muerte a un joven.
El 12 de junio una bomba colocada por el «comando Barcelona» ocasionó daños por 3.000 millones de pesetas en la empresa Empetrol, en Tarragona.

Una semana después, el «comando Barcelona» ejecutó el atentado más sanguinario de la historia la banda: la explosión de un coche bomba con veinte kilos de amosal en el aparcamiento del supermercado Hipercor de Barcelona, con 21 muertos.

Ernaga esperó tras el atentado en un piso alquilado de Barcelona a Domingo Troitiño y Caride Simón, los miembros del comando que colocaron el vehículo.

El 5 de septiembre de 1987 la Policía desarticuló el comando con la detención en un piso de la calle Mallorca de Barcelona de Troitiño, José Luis Gallastegui Lagar y Ernaga, que resultó herida en la operación. La sentencia más dura contra Ernaga fue dictada por la Audiencia Nacional el 29 de octubre de 1989 en el juicio por este atentado: 794 años de cárcel.

Opinión:

Nuevamente un titular puede ser mas dañino que informativo. Seguramente para la mayoría de los ciudadanos sin un mínimo conocimiento jurídico será un nuevo motivo de queja y enfado, pero para muchas victimas que nos hemos preocupado de conocer las legislaciones es un titular que nos recuerda el dolor recibido, especialmente cuando alguien nos explico por primera vez el Código Penal de 1973. Aunque con el de 1995 la situación quedo casi idéntica.

Imagino que habrá que explicar nuevamente una serie de cosas. Primero, la legislación española con su intocable Constitución no recoge ni la cadena perpetua ni mucho menos la pena de muerte. Segundo, aunque duela y parezca increíble, en cualquier legislación la segunda victima ya no se vera representada en el castigo impuesto en una sentencia. Por ejemplo, la sentencia por el atentado en "Hipercor" marcaba 30 años de condena por cada victima mortal pero la legislación marcaba 30 años de cumplimiento máximo  en prisión, por lo que cualquier asesinato con mas de una victima mortal quedara en 30 años como estancia máxima en prisión de tal manera que, a efectos reales y prácticos, el asesino de una sola persona estará el mismo tiempo en prisión que quien haya causado 3, 5, 10 o 200 victimas mortales.

Pero, del mismo modo, el asesino de una sola víctima también cumplirá los 30 años que marca la legislación y, por tanto, será una víctima = a treinta años.

Por tanto, una vez se ha explicado este argumento jurídico a cientos de personas, solo faltaba que un titular fuera tan decididamente DESinformativo.

Repetir siempre lo mismo porque cuatro ignorantes están interesados en DESinformar duele y cansa a partes iguales.

¿que solución podríamos encontrar para que todas las victimas fueran representadas por una condena idéntica por cada ciudadan@ asesinad@? ¿ y por cada ciudadan@ herid@?

Sinceramente, ninguna.


Incluso en países donde existe la pena de muerte, la ejecución del asesino con mas de una victima mortal ¿en nombre de que victima se realiza? 
Por muy doloroso que sea y sabiendo que la legislación es la que es ¿que se gana con hurgar mas en la herida?

18 diciembre 2014 (6) El País (opinión)

18 diciembre 2014



El Poder Judicial pide respeto para los jueces criticados por excarcelar etarras

Seis vocales del órgano de gobierno de los jueces exigieron un pronunciamiento




La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial adoptó ayer, por unanimidad, un acuerdo en el que pide respeto para los jueces, entre los que se incluyen los magistrados de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia que decidieron excarcelar a presos de ETA al computarles las penas cumplidas en Francia.
En cualquier caso, el órgano de gobierno de los jueces ha utilizado un acuerdo tipo, el mismo que usó para la defensa tímida del instructor del caso Noos, José Castro, ante los ataques del fiscal Pedro Horrach.

La resolución judicial sobre las excarcelaciones provocó la crítica explícita de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, por lo que seis vocales progresistas del Consejo solicitaron que se apoyara públicamente a los magistrados, al considerar que las declaraciones e injerencias políticas podían “perturbar sus deliberaciones”. Sin embargo, la permanente del Consejo decidió ayer no pronunciarse sobre esas posibles perturbaciones porque el conflicto jurídico sobre la acumulación de penas no está todavía resuelto. De hecho, la doctrina sobre la posibilidad de cumplir las condenas en otros países de Europa no se definirá hasta enero, ya que  la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió este martes aplazar su resolución después de seis horas de debate y ante un pleno dividido.

En la decisión adoptada ayer, la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces recuerda que en un Estado democrático los jueces y magistrados “asumen la decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad, constituyendo precisamente el ejercicio independiente, imparcial y responsable de la jurisdicción su fuente de legitimidad democrática”.

“Sin perjuicio de que toda decisión judicial está sometida a la crítica pública, todos han de asumir un especial deber de favorecer dicha confianza, respetando la labor jurisdiccional”, señala el acuerdo, que añade que “el traspasar los límites que comporta el ejercicio de tal deber entraña transmitir a la ciudadanía una imagen distorsionada de lo que supone el principio democrático de separación de poderes”.

Opinión: 

Después de quince días diciendo que, bajo mi modesta opinion y basandome en 25 años de experiencia, los responsables de lo ocurrido son ciertos políticos y que los jueces no son los culpables, son 13 jueces de 18 los que han dicho " hasta aquí hemos llegado" y le exigen al Gobierno que no se inmiscuya en cuestiones judiciales.

Y que te llame un periodista especialista en la materia para decirte que le consta que algunos jueces han leído la entrevista en la que denuncio la nulidad en el trabajo de ciertos políticos mientras defiendo al independencia judicial, “no tiene precio”.


Pues eso.