jueves, 4 de diciembre de 2014

04 diciembre 2014 (2) El Correo Español (opinión)

4 diciembre 2014



Un tercio de los etarras que piden descontar su prisión en Francia tiene aún largas condenas






La Fiscalía lleva al Supremo las sentencias de la Audiencia Nacional favorables a cuatro reclusos para ralentizar su excarcelación.

Al menos un tercio de los presos de ETA que han pedido que se les reduzcan los años de prisión en Francia y cuyos expedientes están siendo ya tramitados por las autoridades galas tienen que enfrentarse aún a una larga estancia en cárceles españolas. Ocho de esos 26 reos deben cumplir 40 años de reclusión real, aunque sus condenas sumen más tiempo. Se trata de terroristas a los que se les va a aplicar la reforma del Código Penal de 2003, que elevó de treinta a cuarenta años el mínimo de estancia en prisión para los casos de mayor gravedad, entre los que figuran los atentados de la banda. Sus casos no serán revisados hasta que hayan permanecido 35 años entre rejas.

Entre estos presos figuran miembros de la organización terrorista tan conocidos como Irantzu Gallastegi Sudupe, condenada por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y su hermana Lexuri, que formó parte del ‘comando Madrid’, además de Mikel Otegi, que asesinó a dos agentes de la Ertzaintza en la localidad guipuzcoana de Itsasondo y el que fuera dirigente de la organización Juan Antonio Olarra Guridi.

La petición de acumulación de condenas no trata en estos supuestos de conseguir una rápida salida de prisión, sino de que sus casos se puedan revisar algo antes de lo que les correspondería. La tramitación de estos expedientes por parte de sus abogados trata, asimismo, de sortear la reforma que el PP ha introducido a una decisión marco de la UE y que aboga porque se descuenten los años pasados en prisión en cualquier Estado miembro, cuando se trate de delitos similares acontecidos en un concreto espacio de tiempo.

Estos ocho reclusos forman parte de un listado de 145 presos de ETA que, según los cálculos de las organizaciones de la izquierda abertzale y del propio Gobierno, serán los últimos en abandonar la cárcel. Se trata de convictos con algunos de los crímenes más recientes y más mediáticos en la historia de la banda. La situación penitenciaria de este grupo es, de hecho, una de las preocupaciones para el movimiento independentista. Consideran que estos internos sólo podrán ver aliviada su situación mediante decisiones que deberá tomar un futuro Gobierno de España.

La acumulación de condenas para los presos de ETA se ha convertido, en todo caso, en una cuestión judicial de largo recorrido. La Fiscalía, tal y como avanzaba este periódico el pasado sábado, propició ayer que este asunto deba ser dirimido en los próximos meses en el Tribunal Supremo. El Ministerio Público anunció ayer que recurrirá ante el alto tribunal los autos de la sección Primera de la Audiencia Nacional favorables a reducir la estancia en prisión de Francisco Mujika Garmendia, ‘Pakito’, Santiago Arrozpide, ‘Santi Potros’, Alberto Plazaola Anduaga y Rafael Caride Simón. El teniente fiscal Jesús Alonso basa su recurso en que, en su opinión, los jueces han interpretado mal la ley orgánica aprobada el 12 de noviembre por el PP –y que en la práctica rechaza descontar el tiempo de prisión en Francia para estos internos– y que han infringido el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que los delitos solo se pueden acumular cuando hubieran sido juzgados en un mismo proceso.

Disparidad de criterio

Los argumentos utilizados en este recurso son los mismos que la Fiscalía empleó en la Audiencia Nacional en el caso de Iñaki de Bilbao. Este expediente fue a parar por turno a manos de la Sección Segunda, que dio la razón al Ministerio Público y rechazó descontar a este ‘histórico’ de ETA su reclusión en cárceles galas.

Una disparidad de criterio por parte de los jueces de la Audiencia Nacional que ahora deberá dirimir el Supremo. El más alto tribunal establecerá la doctrina definitiva, aunque eso no será hasta dentro de unos meses. Un procedimiento que, por ejemplo, bloqueará la excarcelación de Caride Simón, integrante de la ‘vía Nanclares’ y disidente de la banda. Según sus cálculos, podría recobrar la libertad a comienzos del próximo año.

Opinión:

A ver quién se atreve a dar respuestas a estas preguntas:

¿Dónde están los políticos que han planteado estos acuerdos para dar la cara ahora y explicar las razones? ¿Y las oficinas de “atención” a víctimas? ¿Tanto cuesta consultar las bases de datos y enviar una circular a los directamente afectados? ¿O buscar un local y hacer una reunión con los mismos? ¿Tendremos que esperar meses para conocer, a ciencia cierta, cómo acaba todo esto? ¿Quién informa “oficialmente” a las víctimas afectadas por los atentados cometidos por todos estos terroristas? ¿A nadie se le había ocurrido pensar en estas cuestiones siendo un país marcado por el terrorismo desde hace décadas? ¿Cómo se ha tardado tanto tiempo en encontrar una solución a algo iniciado en 2013?


No hay comentarios:

Publicar un comentario