martes, 9 de diciembre de 2014

05 diciembre 2014 (13) Diario de León (opinión)

05 diciembre 2014

La Audiencia deja libre al ex jefe de ETA ‘Santi Potros’ entre críticas del Gobierno
El ministro de Justicia pide a la Fiscalía que recurra las excarcelaciones y las víctimas se indignan


Santiago Arrospide Sarasola, ‘Santi Potros’, el histórico jefe militar de ETA en los ochenta, ingresó en la banda terrorista con 20 años, fue detenido con 39 y ayer salió del centro penitenciario de Villena (Alicante) con 66 años, después de pasar de forma ininterrumpida más de 27 años entre cárceles de Francia y España.

La fecha del licenciamiento de ‘Santi Potros’ estaba prevista para septiembre de 2025, así lo dijo el Tribunal Supremo hace dos meses. Sin embargo, la vía abierta en marzo en ese tribunal por el etarra arrepentido Joseba Urrusolo Sistiaga, por la cual se estimaba un acuerdo marco europeo mediante el cual se descontaba a la condena en España los años cumplidos en Francia, llevó a la Audiencia Nacional a recalcular su pena y comprobar que esta venció en enero de 2013, por lo que ordenó su inmediata puesta en libertad.

Junto al que fuera jefe máximo de los comandos ‘liberados’ de ETA, bajo cuya dirección se llevaron a cabo dos de los atentados más sangrientos de la banda, el de Hipercor en Barcelona en 1987 (21 muertos) o el de la Plaza República Dominicana de Madrid en 1986 (12 muertos), también fue excarcelado el etarra Alberto Plazaola Anduaga, que abandonó la prisión de Texeira (La Coruña) tras permanecer 24 años entre rejas. Su licenciamiento definitivo estaba previsto para 2030.

La puesta en libertad de ambos fue decretada por la sección primera de la Sala de lo Penal, presidida por Manuela Fernández de Prado y los magistrados Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez Valcárcel. La decisión llegó después de recibir el nuevo cálculo de sus condenas de sus respectivos centros penitenciarios, una vez que el tribunal acordó descontar el cumplimiento de sus penas en cárceles francesas en virtud de la citada decisión marco de la Unión Europea de 2008, y que España no incorporó a su ordenamiento jurídico hasta este miércoles.

La revisión de las penas de estos dos etarras fue recurrida el miércoles por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo. Entendió que las condenas en Francia y España deben tener conexión y que en todo caso se excluyen las dictadas en el país vecino de 2010, según menciona el acuerdo europeo introducido ahora en todos los países de las UE.

Las resoluciones de la sección primera difieren de la tomada el martes por la sección segunda respecto al etarra Iñaki Bilbao, alias ‘Iñaki de Lemona’.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, mandó ayer un mensaje a la Fiscalía para que recurra las excarcelaciones y solicite su suspensión cautelar. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se mostró «preocupado» por las excarcelaciones.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, aseguró que es «una vergüenza para víctimas, ciudadanos y para toda España». Roberto Manrique, víctima de Hipercor, afirmó que es una «cuestión política».

Opinión:

Me gustaría aclarar un concepto que se puede leer en el subtitular y que, entiendo, no es del todo acertado. Dice que “el ministro de Justicia pide a la Fiscalía que recurra las excarcelaciones y las víctimas se indignan”. Evidentemente, como víctima no me indigna que se recurran las excarcelaciones. Todo lo que sea utilizar la legislación es bienvenido. Eso que quede claro.

Dicho lo cual, no estoy de acuerdo con que la decisión de la Audiencia Nacional sea “una vergüenza para víctimas, ciudadanos y para toda España”. Para mí, como víctima, es una decisión dolorosa pero legalmente justificable sobre todo cuando desde la antigua AVT  ya presentamos estas dudas en la década de los 90 y a día de hoy todavía nadie se había preocupado de encontrar una solución.


Aunque me surge una pregunta: ¿aparecerá algún día un/a juez/a explicando las presiones políticas que, sospecho, habrán recibido desde las esferas políticas?

Y para terminar ¿cuándo aprenderá la Señora Pedraza que no debería hablar en nombre de aquellas víctimas a las que no representa y menos aun de aquellas a las que representa pero a las que no pide la opinión con anterioridad?

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