viernes, 5 de diciembre de 2014

05 diciembre 2014 (2) La Razón (opinión)

5 diciembre 2014


 El Supremo acelera el recurso del fiscal para evitar más excarcelaciones

Los etarras “Santi Potros” y Plazaola salieron ayer de prisión tras computarles el tiempo que estuvieron presos en Francia



Celeridad. Esa es la intención que tiene el Tribunal Supremo para resolver el recurso que formalizará en breve la Fiscalía –que no prevé agotar el plazo máximo– contra la decisión de los magistrados de la Audiencia Manuela Fernández Prado, Ramón Sáez Valcárcel y Javier Martínez Lázaro, quienes computaron a cuatro etarras el tiempo que pasaron en las cárceles francesas, y que derivó en que ayer mismo quedasen en libertad el sanguinario Santiago Arróspide Sarasola, “Santi Potros”, y Alberto Plazaola Anduaga, años antes de que venciera el plazo inicialmente previsto para sus excarcelaciones. “Santi Potros” cumplía condena una de las prisiones de Alicante, mientras que Plazaola estaba en el centro penitenciario de Teixeiro, en La Coruña. También la defensa del etarra Iñaki Bilbao recurrirá al Supremo la decisión en sentido contraria adoptada por los magistrados de la sección presidida por Concepción Espejel. De esta forma, será la Sala Penal del Supremo la que fije la doctrina sobre esta materia.

El recurso de la Fiscalía tampoco se hará esperar. De hecho, una vez que la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le notifique para el emplazamiento ante el Tribunal Supremo, el Departamento que dirige Javier Zaragoza remitirá “de forma inmediata, al día siguiente” el informe y la documentación correspondiente a la Fiscalía del Alto Tribunal, la cual dispondrá de un plazo de 15 días para formalizar el recurso, aunque todo hace indicar que se hará antes de que venza ese plazo.

De esta forma, antes de Navidad es más que probable que se haya formalizado el mencionado recurso, con lo que, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, la decisión del Tribunal Supremo se podría conocer entre los meses de febrero y marzo.

Las excarcelaciones de “Santi Potros” y Plazaola provocaron no pocas críticas desde la Justicia, tanto desde su titular, Rafael Catalá, como del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien defendió la postura del Ministerio Público de la Audiencia Nacional en esta materia. Los colectivos de víctimas del terrorismo expresaron igualmente su profundo rechazo ante la decisión de los tres citados magistrados. Así, para la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, “ver cómo los jueces dejan libres a asesinos sin cumplir los requisitos es una vergüenza”.

En este sentido, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recordó ayer en Bruselas que España acaba de modificar su normativa para reconocer las sentencias de los tribunales de otros Estados miembros de la UE, pero recalcó que en ningún caso esto puede menoscabar el cumplimiento de condenas dictadas por tribunales españoles. “Tenemos un sistema legal que garantiza el cumplimiento de las penas en España, que garantiza también la armonización europea”, agregó al respecto. Además, informa Efe, destacó que la legislación española es clara, aunque su aplicación pueda generar dudas: “No se llevará acabo el descuento de tiempo de condena cuando se trate de sentencias dictadas por tribunales españoles con anterioridad a las sentencias dictadas en otro Estado de la Unión Europea”.

Aval a la Fiscalía de la Audiencia

En todo caso, expresó su confianza en que el resultado final sea “una recta aplicación” de la normativa de manera que no se genere un descuento de las penas.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, expresó su preocupación por la discrepancia existente entre los jueces de la Audiencia Nacional sobre la rebaja de penas a presos históricos de ETA, “que nunca es bueno en un órgano judicial”, por lo que justificó el recurso ante el Tribunal Supremo para “que resuelva la discrepancia”. Además, anunció que enviará un escrito a todas las fiscalías para que actúen de conformidad con el criterio establecido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en este caso. La decisión de acumular esas penas, dijo Torres-Dulce, “no es acertada”.

Con posturas a favor o en contra, la realidad es que el histórico etarra “Santi Potros” abandonó ayer por la tarde la cárcel Alicante II de Villena. Fue uno de los ex responsables del aparato militar de ETA, banda de la que luego se desvinculó, y fue condenado, entre otros, por el atentado de Hipercor de Barcelona de 1987, donde murieron 21 personas. Junto a él, Alberto Plazaola hizo lo mismo en la prisión de Teixeiro). A éste último se le condenó en España a 36 años por dos delitos de asesinato frustrado en relación a la colocación de una bomba en un bar de Eskoriatza (Guipúzcoa) en 1987, y a otros 10 años por un delito de estragos.

Una de las víctimas de “Santi Potros” en el atentado de Hipercor, Roberto Manrique, aseguró que es “doloroso saber que el inductor del atentado que le destrozó la vida” está en libertad, informa Ep. Aun así, se mostró a favor de que se cumplan las directrices que marca la UE.

Históricos terroristas en la calle

1. Inés del Río
2. Domingo Troitiño
3. Jon Koldo Aguinagalde
4. Jokin Mirena
5. Luis María Lizarralde
6. Iñaki Rekarte
7. Isidro María Garalde
8. Juan Manuel Piriz López
9. Juan Carlos Arruti Azpitarte
10. Inmaculada Noble Goikoetxea
11. Andoni Alza
12. José Luis López Ruiz «Kubati»
13. Miguel Turrientes
14. José Félix Zabarte
15. Gonzalo Rodríguez Cordero
16. Jesús Díaz de Heredia
17. Pedro Juan Odriozola
18. José Ignacio Urdiain
19. Elías Fernández
20. Juan F. Gómez López
21. Juan María Gabirondo
22. Joseba Koldobika
23. Pedro María Rezabal
24. María Josefa Uzkudun
25. Francisco Javier Lujambio
26. Raúl Ibáñez Díez
27. Jesús María Zabarte
28. José Ignacio Etxeberria Pascual
29. Javier Goldaraz Aldaya
30. Manuel González Rodríguez
31. Juan José Legorburu Guerediaga
32. Joaquín Urain Larrañaga
33. Ramón Uribe Navarro
34. Juan José Zubieta Zubeldia
35. Miren Maitane Sagastume
36. Javier Martínez Izaguirre, alias «Javi de Usánsolo»
37. Jesús María Mendinueta, alias «Manu»
38. Ignacio Fernández de Larrinoa
39. Miren Gotzone López de Luzuriaga
40. José Ángel Biguri Camino
41. Santos Berganza Zendegi
42. Ignacio Erro Azu
43. Inmaculada Pacho
44. Nicolás Francisco Rodríguez
45. Juan Andrés Urquizu Ormazabal
46. Ignacio Orotegui Ochandorena
47. Iñigo Akaiturri Irazabal
48. Juan Ignacio Delgado Goñi
49. Bautista Barandalla Iriarte
50. José Gabriel Zabala Erasun
51. José Ramón Martínez de la Fuente Intxaurregi, alias «Txori»
52. Fernando Vicente de Luis Astarloa
53. Kepa Solana Arrondo
54. Josune Onaindia Susaeta
55. Joseba Iñaki Zugadi
56. José Arizmendi
57. Iñaki Gonzalo Casal, alias «kitxu»
58. José María Beristain Ubierta
59. Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, alias «Txikierdi»
60. Francisco Imaz Martiarena
61. José Miguel Latasa Guetaria
62. Ignacio Pujana
63. José Gabriel Urizar
64. German Rubenach
65. Asier Arronategui
66. Ventura Tomé
67. Carmen Guisasola

Opinión:

Quiero recalcar una cuestión: desde hace muchos años hay muchas víctimas que tenemos conocimiento de que esta situación la tendríamos que vivir. Es decir, que los atentados cometidos antes de 1995 fueron juzgados por el Código Penal vigente en el momento de la comisión del delito, por tanto, el Código Penal de 1973. Esa es la razón por la que tantos terroristas (y otros delincuentes) han ido saliendo progresivamente de las cárceles. Es muy doloroso saberlo y mucho mas llevar 27 años explicando la misma cuestión constantemente, a víctimas y a ciudadanos anónimos. Quizás esta sea la razón por la que trabajo en un despacho de abogados: el deseo de hacer llegar la realidad jurídica a la gente.
Dicho esto, otra cuestión es la que ahora se añade: el hecho de si debe computarse (o no) los años de prisión cumplidos en otro país diferentes a España, por ejemplo Francia.
Y ahí es donde estriba el problema actual... las prisas que algunos políticos españoles han tenido para hacer este acuerdo con algunos políticos franceses sin haber pensado antes en las consecuencias jurídicas del mismo. Ahora le pasan el problema a la Audiencia nacional y después al Supremo... sospecho que con la idea de descargar la responsabilidad final en la clase judicial.
¿No han tenido tiempo desde, al menos 1987, para plantearse este tema? ¿Hay que recordar que Santi Potros fue detenido en Anglet en 1987?
Lo que no acepto es que existan “representantes” de víctimas que lancen sus ataques contra la judicatura y no planteen la responsabilidad en los políticos que han hecho este acuerdo. Y puedo entender menos todavía que en un tema tan importante opinen personas que no pueden mostrar, en ningún momento, haber participado en los cambios legislativos de 1995 o en la atención constante y personal dirigida a cientos de víctimas para realizar la pedagogía necesaria para explicar las diferentes legislaciones. Esa gente no puede demostrar nada, porque no estaban.

Yo sí.

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