viernes, 5 de diciembre de 2014

05 diciembre 2014 ABC (opinión)

5 diciembre 2014



Las víctimas, indignadas, denuncian que “jueces que hacen política burlan la ley”
La AVT y Covite arremeten contra los magistrados de la Audiencia Nacional por excarcerlar a “Potros” y Plazaola






Hace tres años que ETA dejó de matar, pero sus víctimas siguen sufriendo los efectos devastadores de cincuenta años de terrorismo. La negligencia de algunos jueces hizo posible en su día que pistoleros de la banda aprovecharan una injustificada y prolongada libertad condicional para huir; y la desidia sigue permitiendo que hayan prescrito numerosos crímenes, o que otros muchos, más de 300, estén aún sin resolver porque los sumarios se perdieron en algún oscuro sótano de la Audiencia Nacional o quedaron convertidos en papel mojado por inoportunas goteras.
Pero cuando ha llegado del corazón de Europa alguna sentencia injusta —liquidación de la doctrina Parot—, o alguna directriz perdida en ambigüedades — Decisión Marco sobre acumulación de penas— esos mismos jueces no han tardado un minuto en aplicarlas mediante resoluciones exprés y en los términos que más favorecen a los terroristas. Las víctimas, una vez más, están indignadas por la rapidez, en estos casos, de una justicia que casi siempre es lenta.

Desconfianza en los jueces

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) arremetió contra la Audiencia Nacional, a la que acusó de excarcelar a “Santi Potros” y a Alberto Plazaola para “pasar página” y que se blanquee medio siglo de genocidio. En opinión de su presidenta, Ángeles Pedraza, la puesta en libertad de ambos «criminales» es «vergonzosa», ya que lo único que se pretende es «seguir con la derogación de la doctrina Parot». En este sentido acusó a los magistrados de “estar politizados” y de “hacer política”.
Desanimada, impotente, llegó a decir que en España “no nos podemos fiar ni de los jueces ni de la Justicia”, porque “sólo velan por sus intereses”. “La decisión me parece la mayor indignidad en un país en el que ha habido más de 50 años de asesinatos sin que ninguna víctima se haya tomado la justicia por su mano para ahora tener que soportar esto”, concluyó, más que indignada.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, censuró por «ser inmoral y de dudosa legalidad y legitimidad» la decisión de la sección Primera de reducir las penas por acumulación de condenas de los terroristas. Y la criticó, especialmente, porque se adoptó pocas horas antes de la entrada en vigor de la ley aprobada en el Congreso el pasado 12 de noviembre, “con el único propósito de evitar su cumplimiento y burlar la voluntad del legislador, que no era otra que la de impedir dicha acumulación de condenas y como consecuencia, impedir la excarcelación de los terroristas”.

Este colectivo de víctimas esgrimió como «una prueba irrefutable» la decisión contraria que tomaron los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en las mismas fechas, por la que deniegan la acumulación de condenas al etarra Iñaki Bilbao. “Esta decisión respeta la voluntad del legislador y, además, interpreta debidamente la Decisión Marco”. El colectivo que preside Consuelo Ordóñez confía en que el Tribunal Supremo anule la puesta en libertad.

Asimismo, mostró su respaldo a la citada ley Orgánica que transpone a la legislación española la Decisión Marco de 2008, e impide la acumulación de penas impuestas en otros países. Sin embargo, criticó “la dejadez de los legisladores, ya que si la norma se hubiera desarrollado a su debido tiempo, se habría evitado que hoy estemos viviendo una situación de escandalosa injusticia que ahonda en el dolor de las víctimas”.

“Rematar a las víctimas”

Por su parte, el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), José Vargas, mostró su profunda “indignación y cabreo” por la excarcelación de los etarras “Santi Potros” y Plazaola. En su opinión, “los únicos que tienen ventaja y privilegios en España son los asesinos”. En este sentido, añadió que las víctimas están cada vez más “ninguneadas, humilladas y, sobre todo, olvidadas”.

El presidente de la ACVOT advirtió de que “hoy muchas de las víctimas sufren una recaída psicológica por culpa tanto de los magistrados como de los asesinos que salen en libertad”. Para Vargas, la decisión de la Sección Primera ha servido para, “entre magistrados y asesinos”, dar “un remate final a las víctimas”.

Roberto Manrique, víctima del atentado de Hipercor, lamentó que la excarcelación de “Santi Potros” se haga por una “cuestión política”. En su opinión, es “doloroso saber que el inductor del atentado que me destrozó la vida” esté en libertad, pero se mostró a favor de que se cumplan las directrices que marca la Unión Europea. “Somos Europa para lo bueno y para lo malo”, dijo. Aunque consideró que las cosas se han hecho apresuradamente: “Ahora se deciden a discutir si los años de los presos en Francia son compatibles. Cuando a Arrospide se le detuvo en el 87 estuvo 10 años en Francia”.

Opinión:

Me gustaría aclarar ciertos conceptos periodísticos que no comparto. No estoy de acuerdo con que “LAS” víctimas , denuncian que “jueces que hacen política burlan la ley” . Considero que los jueces deben aplicar la legislación que hacen los políticos y por ello habría que exigir que algún político diera la cara y explicara el trasfondo de esta decisión, tomada de manera urgente. Por desgracia, sospecho que los “reporesentantes” de “LAS” víctimas no se atreven a exigir esas explicaciones políticas y prefieren buscar las razones en la clase judicial.
Tampoco puedo compartir que gente que no es víctima de ETA o que jamás, por el atentado sufrido, han pisado un hospital y mucho menos un cementerio se arroguen el derecho a opinar en nombre de otras personas que si hemos sufrido los daños de un atentado. Y menos todavía si lo hacen sin antes consultarnos la opinión…
Habría que explicar también que durante muchos años se realizó una pedagogía en el mundo de “víctimas del terrorismo” (no de “LAS” porque nunca se pudo llegar a todas). Y esa pedagogía consistió en explicar, pese a lo duro y doloroso de la cuestión, que estas salidas de prisión llegarían basándose en el Código Penal de 1973 y que unas pocas víctimas conseguimos modificar en 1995.
Por mi parte no existe ningún tipo de desconfianza en los jueces y no comparto en absoluto las declaraciones de otras personas en las que atacan al órgano judicial sin atreverse a exigir explicaciones a los verdaderos responsables, que son los políticos que ha tardado tantos años en encontrar un hueco para discutir sobre el cómputo (o no) de los años de prisión cumplidos en otro país que no sea España. ¿Qué les deben a esos políticos para descargar la responsabilidad en otros ámbitos?
Para terminar, aclarar que muchas víctimas conocemos desde hace muchos años la realidad jurídica y legislativa española y, por tanto, estábamos preparados para todo lo que ahora está ocurriendo. Tema diferente es que, a nivel moral, sea doloroso. Lo es, y mucho… pero entendemos que el vivir en un Estado de Derecho nos permite exigir nuestros derechos y nos obliga a acatar lo que no nos guste.
Siempre estaremos esas víctimas que, al contrario que otras, ponemos el interés común por delante de nuestro propio interés o  protagonismo personal.

Dicho esto, si el Tribunal Supremo cambia esta decisión… perfecto. Y si no lo hace, respetaré la ley porque exijo su cumplimiento. Me guste o no, es lo que hay.

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