11 abril 2018
La mayoría de los jueces de
Instrucción de la
Audiencia Nacional no ven terrorismo en las acciones de los
CDR
Jueces de Instrucción y magistrados de las salas de
enjuiciamiento consideran los incidentes provocados por los Comités de Defensa
de la República
como desórdenes públicos perseguibles mediante la Ley de Seguridad Ciudadana
La detención de una responsable de los Comités de Defensa
de la República
(CDR), Tamara G.C., por un presunto delito de terrorismo y rebelión ha dividido a los
jueces de la Audiencia Nacionalla Audiencia Nacional sino
de los juzgados ordinarios donde han ocurrido los hechos, al tratarse de desórdenes públicos,
o bien pueden ser perseguibles en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Las fuentes consultadas por la SER han mostrado su discrepancia y sorpresa, algunos
incluso estaban escandalizados, porque estos hechos hayan sido judicializado
bajo la premisa de tratarse de delitos de terrorismo. Incluso varios jueces se sienten
“dolidos” por qué se está vulnerando el espíritu del legislador que intensificó
la persecución contra la
Kale Borroka , en el País Vasco, porque eran una rama de ETA.
Esta opinión es también compartida por varios magistrados de las Salas de lo
Penal que juzgan este tipo de delitos porque no “aparece ningún
componente detrás estas acciones que sean dirigidas por una organización
armada”, matizan.
Rechazo previo
Uno de los magistrados rechazó verbalmente asumir este tipo de investigaciones
después de que los Mossos le
consultaran que tenían abiertas una serie de diligencias por altercados ocurridos
durante Semana Santa y durante la huelga del pasado 25 y 26, así como tras
detención de Puigdemont. Aun así, el magistrado, remitió la consulta a otro
juzgado de instrucción (nº 6), que tenía abiertas diligencias por un caso
similar.
Según estas fuentes, el origen de esta consulta se inicia
cuando el magistrado ordenó a los Mossos que investigaran si tenía credibilidad
la denuncia de un
particular que identificó a los Comités de Defensa de la Republica como grupos de
individuos organizados y armados. Los
investigadores de los Moscos informaron al juez de la poca credibilidad de este
denunciante y, aprovecharon para poner en conocimiento del magistrado que
tenían abiertos cerca de 60 expedientes por este tipo de sabotajes callejeros.
El magistrado les explicó que ese tipo de acciones quedaban fuera del
alcance y de la competencia de la Audiencia Nacional al
no tratarse de delitos terroristas.
El jueves ante el juez
La detenida, de 34 años, pasará este jueves a
disposición del
juez de la
Audiencia Nacional Diego de Egea para responder sobre los
posibles delitos rebelión y terrorismo por los que fue detenida a instancias
del Ministerio Fiscal en Viladecans en el marco de la operación 'Cadera' contra
los CDR
Durante el registro de su domicilio en Viladecans, los agentes se incautaron de
documentación relativa a un acuartelamiento del Instituto Armado en Barcelona,
así como cartelería, una agenda, diversos teléfonos móviles, un ordenador y una
memoria externa.
A Tamara C.G. se le relaciona
además, según fuentes policiales, con un audio que circuló en Semana Santa por redes
sociales llamando a la movilización y a las acciones de sabotaje. Los CDR han
aumentado desde entonces sus acciones, sobre todo con la detención en Alemania
del expresidente catalán huido de la Justicia , Carles Puigdemont.
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